El 9 de febrero de 1995, el senador Jesse Helms, republicano por Carolina del Norte, en su calidad de recién estrenado presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, introdujo su primera propuesta legislativa, nombrada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas. La iniciativa, promovida además por el también representante republicano Dan Burton, perseguía continuar y reforzar el bloqueo estadounidense a Cuba.
En la isla, el corte del suministro de combustible y piezas de repuesto para el sistema electroenergético nacional, que procedían fundamentalmente de la desaparecida Unión Soviética, venía provocando frecuentes y prolongados apagones. El «Período Especial» se encontraba en su punto crítico y resolver el déficit de energía parecía el primer paso para comenzar a superarlo.
Con el reactor uno de la Central Nuclear de Juraguá al noventa por ciento de su ejecución, la opción nuclear se mostraba como una fuente confiable y no dependiente de la importación de combustibles fósiles. La construcción se había detenido en septiembre de 1992, pero un año después Moscú adelantó 30 millones de dólares para conservar la central; ya en 1995, estaba en marcha un estudio de factibilidad encaminado a la creación de un consorcio en el que participarían Rusia, Cuba y terceros países, con miras a completarla y ponerla en funcionamiento.
Este hecho no podía pasar por alto para quienes se encargaban de elaborar el documento que, pensaban, sería el tiro de gracia para liquidar a la Revolución. Así, argumentando una serie de «preocupaciones» sobre la seguridad de la planta, se encargaron de que en el Título I de la nueva ley apareciera la Sección 111, titulada: RETENCIÓN DE LA ASISTENCIA A LOS PAÍSES QUE APOYEN LA CENTRAL NUCLEAR DE JURAGUÁ EN CUBA.
La mencionada sección concluye que: «... el presidente retendrá de la asistencia asignada a cualquier país... una suma equivalente a la de la asistencia y los créditos, si los hubiere, que haya proporcionado ese país o alguna entidad de ese país para apoyar la terminación de la central nuclear cubana de Juraguá...».
No cabe duda de que la oposición de los Estados Unidos al proyecto, plasmada en la Ley Helms-Burton, terminó por desanimar a otros países. Solo Rusia mantuvo la voluntad de continuar.
Mientras tanto, Cuba encontró alternativas con la generación de energía eléctrica a partir del gas acompañante de su propio petróleo, el empleo de eficientes ciclos combinados y la adaptación y modernización de sus centrales térmicas. En 1999, con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela, la isla volvió a contar con una fuente de abastecimiento de petróleo subsidiado en condiciones ventajosas.
En diciembre de 2000, el presidente ruso Vladímir Putin visitó Cuba y ofreció terminar el reactor uno mediante la inversión de 800 millones de dólares en el transcurso de seis años, pero posteriormente Fidel Castro anunció que Cuba ya no estaba interesada en completar la planta.
